Cada cierto tiempo -y en los últimos meses parece haberse intensificado-, aparece en los medios de comunicación la noticia de un robo, un bien expoliado o la desaparición de una obra de arte, en la mayoría de los casos perteneciente a la Iglesia en España. Este verano desapareció el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, hace unos días en Sevilla el Palio de plata y parte de uno de los pasos de la Hermandad de las Siete Palabras, también recientemente las joyas de la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia... Precisamente su obispo, Monseñor Burillo, que además preside la Comisión Episcopal de
Patrimonio Cultural, ha reconocido a raiz de este suceso que la seguridad del legado
eclesiástico «está suficientemente atendida en condiciones ordinarias»,
pero no puede hacer frente con garantía a los métodos «cada vez más sofisticados» de los ladrones. Para ello ha propuesto la
elaboración de un directorio dirigido a los fieles sobre la protección
del patrimonio, con los «criterios, medidas y actitudes» que regirían
para garantizar la seguridad del arte sacro. A esto hay que sumar los daños provocados por accidentes, humedad, mal almacenaje o ataques -como el caso de Jesús del Gran Poder- que multiplican los actos de degradación y puesta en peligro de dicho patrimonio cultural tan arraigado en nuestra tierra.
En cualquier caso, resulta bastante complejo articular un procedimiento de caracter general para este tema desde la Conferencia Episcopal. Desde las ermitas románicas del tercio norte peninsular al basto patrimonio que atesoran las cofradías en el sur, pasando por verdaderas joyas patrimoniales de conventos de clausura, parroquias, archivos y bibliotecas de gran valor... lo cierto es que tan amplia es la casuística, que muy difícil se nos antoja establecer un criterio único para preservar los bienes de la Iglesia Católica. Quizás cada diócesis, atendiendo a su idiosincrasia particular, debería complementar esa normativa básica -de carácter práctico porque la teoría la sabemos todos- para que dichos robos dejen de suceder y podamos hablar de una verdera seguridad práctica y jurídica, de los bienes destinados al culto, que por cierto suponen el 80% del patrimonio nacional.
Una de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de controlar este patrimonio es que las obras protegidas con alguna figura legal -y por tanto con cierto grado de control- son una minoría quedando el resto al amparo de la buena voluntad de sus gestores. En Andalucía, por ejemplo, la Consejería de Cultura en convenio con las diócesis andaluzas, viene trabajando desde hace lustros en el "Inventario de los Bienes de la Iglesia Católica" por provincias. A su conclusión permitiría aplicar una figura de protección general que dotase cierto grado de control de una manera global, aunque al final, lo que cuentan no son las declaraciones BIC sino las alarmas, las vitrinas y los seguros. Y aquí es donde aparece el problema puesto que la inversión es inalcanzable para la mayoría de sus responsables.
La solución de Monseñor Burillo, de trasladar las piezas más relevantes a museos diocesanos (solución que por cierto no es nueva y que se viene llevando a cabo sobre todo en el norte de la península tras los expolios de la segunda mitad del s. XX) puede ser efectiva en algunos casos. En otros, zonas de almacenaje con seguridad y vigilancia podrían paliar el problema. En los centros históricos, donde la población se ha visto mermada notablemente, se podrían unificar parroquias destinando otras a la visita cultural y custodia patrimonial (véase el ejemplo de la Colegial del Salvador en Sevilla fusionada con la de San Isidoro para la celebración de sacramentos). Esto, además conllevaría la recepción de unos ingresos extraordinarios que se podrían dedicar, precisamente, a la conservación y preservación de las obras de arte de titularidad eclasiástica. Aunque ya existen las Comisiones diocesanas de patrimonio, otra medida a adoptar podría ser dotarlas de un equipo técnico, que trabaje diariamente en la supervisión de dicho patrimonio a nivel global... Soluciones pueden darse muchas, aunque el escollo principal es el económico. Puede que la nueva Ley de Mecenazgo ayude a salvar el impedimento. Esperemos.
